Iglesias (u otros edificios destinados exclusivamente al culto religioso), casas de la playa y recintos monumentales estarán eximidos de someterse a controles, aportar certificado de su gasto eléctrico y recibir consejos de ahorro por parte de las autoridades competentes.

Hace escasamente 15 días se aprobaba un Real Decreto por el cual todas las viviendas que se vendiesen o alquilasen por un mínimo de cuatro meses a partir del 1 de junio deberían presentar un certificado de eficiencia energética, que vale unos 200 euros de media, asimismo tendrían que ser controladas periódicamente.

Los edificios privados de más de 500 metros cuadrados y frecuentados por el público también deberán acatar la normativa de eficiencia adoptada por el Gobierno a instancias de la Unión Europea (UE), además de los de titularidad pública de más de 250 m² igualmente frecuentados.

Además de estos también estarán exentos de obtener el certificado lasconstrucciones provisionales cuyo plazo de utilización no pase de los dos años, losedificios industriales, de defensa y agrícolas, los edificios inferiores a  50 m², y losedificios que tan solo se utilicen cuatro meses al año y supongan el 25% del gasto energético que resultaría si se utilizara todo el año.

DIRECTIVAS EUROPEAS

Precisamente una directiva de la UE de 2010 ha sido aprovechada por el ejecutivo español para librar de esta obligación a los grupos de edificios mencionados.

El Ministerio de Industria, responsable de esta medida, ha excluido a todos los edificios que la UE permite excluir y ha añadido un supuesto más que sí estaría acogido a la normativa de eficiencia energética: edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

En España los certificados empezaron a exigirse en 2007, aunque solo para viviendas de nueva construcción. El Tribunal de Justicia de la UE, acogiéndose a una directiva sobre eficiencia energética de 2002, obligó a España a hacer extensible esta normativa para todas las viviendas.

REACCIONES DEL SECTOR

La medida ha sido bien acogida dentro del sector. “Es una esperanza para la formación de empresas y trabajadores en un campo de futuro, para el ahorro energético y para la recuperación del sector de la construcción sobre nuevas bases”, ha indicado Carlos Hernández Pezzi, expresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Las administraciones que se han de encargar de este tema son las comunidades autónomas, que deberán haber elaborado un listado con los edificios que cuenten con este certificado, que tendrá un período máximo de validez de diez años, antes del 14 de julio. Además, deberán informar al Ministerio de Industria cada seis meses sobre los cambios, las inspecciones y los resultados.