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Alertan de las “malas prácticas” de algunos no colegiados en la implantación del Certificado de Eficiencia Energética

02/06/2014

A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que obliga a los inmuebles anunciados a la venta o en alquiler a tener su certificación energética y, desde la creación por parte del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, de una plataforma nacional de Certificación Energética de Edificios que permite canalizar la demanda a nivel provincial y nacional, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales (Copiti) de Cádiz hace una valoración al respecto que refleja la fuerte apuesta de sus colegiados al ver en esta aplicación una nueva oportunidad laboral más.

Hasta el momento, más de 300 técnicos del colegio gaditano de Peritos han recibido una formación específica -avalada por el IDAE- y otros 7.000 en el resto del país para dar respuesta a los ciudadanos que demandan este tipo de servicios y asesorarles en esta materia. De hecho la garantía de fiabilidad y de eficacia que aportan estos colegiados se muestra al pertenecer a una corporación de derecho público.

En este sentido, el decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero, considera que “a la hora de contratar los servicios de un profesional que realice su certificado, la mejor garantía se encuentra en un ingeniero que goza del aval de su colegio profesional y que vise su trabajo; todo ello es sinónimo de garantía de un trabajo bien hecho y de protección colectiva a través de un aseguramiento de la responsabilidad civil del técnico por 4,5 millones de euros”.

En palabras de Villero, aún quedan algunos aspectos por mejorar como el conocimiento por parte de vendedores o arrendadores de la obligatoriedad de este certificado. El desconocimiento y la desorientación de los ciudadanos es una traba importante con la que se han visto estos técnicos cualificados. 

“Este certificado ha sido interpretado por la sociedad como un impuesto más, debido al mercadeo y las malas prácticas llevadas a cabo por ‘profesionales’ no cualificados o que no han aportado un valor añadido a su trabajo, como la propuesta de mejoras en su vivienda para  ahorrar más energía y que incluso han realizado su trabajo sin ni siquiera realizar visita. Todas estas prácticas las estamos denunciando a través de nuestro Consejo General y colaborando activamente con asociaciones de consumidores. Nuestro interés y nuestra responsabilidad nos hacen velar por la seguridad de usuarios y consumidores. En nuestro colegio siempre encontrarán la máxima colaboración”, insiste Domingo Villero en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

120 EUROS DE MEDIA

En cuanto a los precios al aplicar este certificado depende de la comunidad autónoma y de los honorarios de los colegiados. No obstante, la realidad es que el precio de este trámite “ha sufrido una fuerte bajada durante su primer año de vida”, se asegura. En Andalucía, en concreto, ha descendido un 40% situándose en torno a los 50-60 euros en los casos más “sangrantes” y de media en unos 120 euros

Los edificios que no tienen la obligación de tener un certificado de eficiencia energética son aquellos monumentos protegidos oficialmente, construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o menor de dos años, edificios aislados con superficie menor de 50 metros cuadrados, edificios que se compren para su demolición o aquellas viviendas cuyo contrato de arrendamiento sea por un tiempo inferior a cuatro meses.

Para los demás propietarios de la vivienda, edificio o local es obligatorio disponer  de esta certificación que tendrá un plazo de validez de 10 años y cuyo documento recogerá la normativa vigente, sobre ahorro y eficiencia, en caso de existir, en el año de construcción; una descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador y calificará mediante una etiqueta energética el edificio. Además, debe incorporarse a la oferta de la vivienda puesta a la venta o en alquiler. En caso de incumplimiento, falsedad o fraude se podrá sancionar y las cantidades de dichas multas podrían llegar a los 6.000 euros.

 

Fuente: diariobahiadecadiz.com (ver noticia)

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