Tras varios años como director del servicio jurídico y secretario del Consejo de la CNE, ¿qué balance hace?

He  trabajado más de seis años en la CNE, más de lo previsto inicialmente.  Desde el principio, concebí mi incorporación a la Comisión como un  paréntesis en mi desarrollo académico, que se añadía a mis experiencias  en el Consejo General del Poder Judicial y en la Universidad  Internacional Menéndez Pelayo. En total, por tanto, he permanecido diez  años alejado de la actividad diaria de la universidad pero creo que ha  sido un período muy positivo. Me ha aportado una experiencia profesional  gratificante y me ha enriquecido como investigador, que es lo más  importante. Las responsabilidades profesionales que he asumido me han  abierto nuevas líneas de investigación, y mi producción científica de  los últimos años se ha nutrido del trabajo de estos años.

Y en estos años, ha seguido con las clases en la UNED e investigando, ¿no es así?

Por  supuesto. No me he desvinculado. Es verdad que durante estos años no he  podido permanecer, por razones legales, en situación de servicio activo  en la universidad, pero eso no significa que me haya desvinculado  totalmente de mi faceta académica. Al contrario. En la UNED he seguido  colaborando en el máster oficial que imparte el Departamento de Derecho  Administrativo. Además, he participado en seminarios  fuera de la UNED  en los ámbitos de la regulación económica y la energía en el Instituto  de Empresa, en el Instituto Español de la Energía y en la Fundación para  la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.

¿Cuáles son las particularidades de la investigación en una disciplina como es el  Derecho?

La  investigación jurídica comparte las características de la investigación  en el área de las Ciencias Sociales. Es verdad que continúa extendido  el prejuicio de que investigación auténtica sólo se hace en el ámbito de  las a veces llamadas ‘ciencias duras’, técnicas y experimentales.  Obviamente, no es así. La investigación jurídico-dogmática es auténtica  investigación científica y, además, técnicamente muy sofisticada y  necesaria para el progreso de la sociedad. Un país difícilmente podrá  gozar de una buena legislación y de una buena aplicación e  interpretación de su ordenamiento si en sus facultades de Derecho no se  investiga en serio.

Un informe de Economics for Energy asegura que una modificación de las políticas públicas energéticas (con  una mayor inversión en I+D) podría situar a España como líder a nivel  mundial. ¿Es una afirmación arriesgada o tenemos ese potencial?

Yo  sí creo que el sector energético español tiene ese potencial. España es  un país líder en energías renovables, reconocido y con gran  predicamento en el ámbito internacional. Lamentablemente, las reformas  regulatorias que se han sucedido en los últimos años para encauzar el  problema creciente de déficit tarifario que el sistema eléctrico español  arrastra desde hace ya dos lustros han impactado negativamente en el  régimen retributivo de estas energías o incluso, últimamente, en la  misma posibilidad de promover nuevos proyectos. Esto ha erosionado la  percepción en torno a la seguridad regulatoria del sector energético  español y es inevitable que acabe afectando al desarrollo económico y  tecnológico.

En cuanto al déficit del sector, que parece que va a superar  los 4.000 millones de euros en 2012 cuando estaba previsto que no  excediera de los 1.500, ¿cómo se puede controlar?

No es  fácil. El legislador y la Administración energética española llevan años  adoptando medidas para poner freno a esta patología. Cada vez que se  adopta un paquete de medidas se cree o se presenta como la solución  final, y sin embargo, como evidencia el paso del tiempo, no acaba de  serlo. En 2009 se adoptó una reforma legislativa que  preveía la  suficiencia de las tarifas eléctricas a partir del año 2013. Pues bien,  una disposición final incluida en el último Consejo de Ministros del  pasado mes de diciembre, en un Real Decreto-Ley sobre régimen de  empleados de hogar, ha eliminado esa previsión. Además, todo en vísperas  de la aprobación de las nuevas tarifas eléctricas para el 2013 que, por  cierto, están aún pendientes de aprobación y publicación en el BOE, lo  que resulta inaudito con el ejercicio tarifario ya iniciado.

Los paquetes de medidas aprobados hasta ahora, por tanto, ¿no son suficientes?

Lo  que parece claro a estas alturas es que el tiempo de los ‘parches  regulatorios’ se ha acabado. No sirven. Así no se puede seguir. Hace  falta una reforma integral y de raíz del modelo regulatorio. Y habrá que  revisar todos los costes regulados del sistema, puesto que no se puede  pretender, y menos en un momento de crisis como el actual, resolver el  problema del déficit de tarifa exclusivamente por la vía del incremento  de los ingresos tarifarios o fiscales, que al final los pagamos, directa  o indirectamente, los consumidores, domésticos o industriales, ya de  por sí muy castigados en este contexto.

¿Qué peso tienen  las primas a las renovables? El ministro José Manuel Soria les achaca el  déficit y por eso justificó la eliminación de nuevas subvenciones.

Las  primas a las renovables se financiaban hasta ahora solo con cargo a las  tarifas eléctricas. En lo sucesivo esto podrá no ser así porque se  podrán dedicar también a su financiación los ingresos que generen las  nuevas medidas de fiscalidad energética y los ingresos que generen las  subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En  cualquier caso, hay que admitir que las primas a las renovables  constituyen una partida muy relevante y creciente de los costes  regulados del sistema eléctrico. Nadie discute que la regulación pasada  del régimen retributivo de las renovables no ha sido óptima y que ha  contribuido a generar burbujas que ahora pesan como una losa sobre el  sistema eléctrico y sobre su sostenibilidad económica. Pero no sería  justo ni correcto echar toda la culpa del déficit a las renovables.

Porque, además, las energías renovables son positivas, al  aliviar nuestra dependencia  de los combustibles fósiles, que se están  agotando y contaminan más.

Efectivamente, las renovables  generan costes, pero también ahorran otros y esto es muy importante en  un país como España, con una fuerte dependencia de energías fósiles del  exterior. Además, las renovables tienen evidentes  externalidades  positivas. En la generación del déficit participan todos los costes del  sistema. Todos, por tanto, deben contribuir también a su resolución en  la medida y proporción que les corresponda a cada uno.

¿Qué tendencia seguirá en el futuro la regulación energética?

En  el contexto actual no es fácil hacer prospectiva regulatoria, pero yo  sí diría que la gran reforma pendiente de la regulación del sector  eléctrico debería aportar inteligibilidad, transparencia y estabilidad a  la regulación. Incluso para el experto, la regulación actual es  extremadamente profusa, confusa y cambiante. Debajo de su artificiosa  complejidad y de su opacidad, dispersión y mutabilidad se esconden  muchas veces, y quizás deliberadamente, previsiones regulatorias  abstrusas que encubren situaciones y beneficios injustificados e  inconfesables. Eso se debe acabar. Pero es difícil. Los intereses en  conflicto son, además de cualificados, poderosos.

Una reforma de ese calado, ¿no dará una imagen de inestabilidad?

Eso  es, precisamente, lo que hay que evitar. Por eso es muy importante cómo  vamos a conciliar la necesidad imperiosa de una reforma en profundidad  con las exigencias de la estabilidad regulatoria, es decir, con el  respeto a la seguridad jurídica y la protección de la confianza  legítima. Un riesgo regulatorio excesivo asociado a cambios normativos  continuos es letal para la atracción de nuevas inversiones y para  prevenir la deslocalización de inversiones realizadas en el pasado. Pero  de ahí tampoco puede resultar que la regulación económica se erija en  un compartimento estanco, pétreo e inmutable del ordenamiento jurídico.

Y en este panorama regulador, ¿qué papel tiene la universidad?

A  mi juicio, a la universidad le corresponde un papel muy importante en  el impulso y acompañamiento de la reforma regulatoria, aunque hasta  ahora no se le ha puesto suficientemente en valor. La reforma de la  regulación energética es muy compleja. Interpela por igual a  economistas, juristas, ingenieros, ambientalistas... Allá donde se  precise introducir orden, sistema, transparencia y objetividad, la  presencia y la aportación de la ciencia resultan inexcusables. Por eso  me gustaría que la contribución de la universidad a la reforma de la  regulación energética fuera mayor de lo que lo ha sido.

Además  de experto en regulación de los sectores energéticos, su investigación  ha abordado el derecho de la Función Pública. ¿Qué reflexión hace en el  contexto actual de externalización de servicios?

La  externalización de la gestión de servicios públicos no es un fenómeno  novedoso. La legislación española siempre ha previsto esta posibilidad.  Personalmente, no creo en el mito de que la gestión privada sea  intrínsecamente más eficiente que la pública. La forma de gestión de los  servicios públicos debe ser, sin duda, todo lo eficiente que pueda,  pero de esa eficiencia forma parte también la adecuada garantía del  interés general y de las necesidades públicas que justifican la  existencia del servicio. Por tanto, el concepto de eficiencia en la  gestión de los servicios públicos no solo debe atender a la estabilidad  presupuestaria y la sostenibilidad financiera sino, ante todo, a la  adecuada satisfacción del interés público. Y, ante la duda, confieso que  me encuentro entre los que piensan que el interés público se sirve  mejor mediante fórmulas de gestión pública.

Por último,  ¿cómo compagina sus tres actividades: la investigación, la docencia y la  actividad de transferencia a través de la consultoría con un despacho  de abogados?

Yo creo que la pregunta no es tanto cómo se  pueden compaginar esas tres actividades sino cómo se puede ser un buen  profesor de universidad sin compaginarlas. Si no se investiga, no se es  cabalmente un buen docente, y si no se conoce la práctica profesional,  con sus problemas y necesidades, es difícil ser un investigador útil  para la sociedad. Mi respuesta es sencilla: no concibo ser universitario  sin hacer las tres cosas. Vuelvo, por tanto, al principio de nuestra  conversación: creo que un profesor de universidad se enriquece de manera  decisiva si a su dedicación académica principal suma otras experiencias  profesionales en su campo de trabajo.