Tendría que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero –el Gobierno se enfrenta a una multa de Bruselas por no haber adaptado aún la directiva comunitaria– pero no pasarán muchas más semanas antes de que todas las operaciones de compra-venta y de alquiler de viviendas tengan que venir, obligatoriamente, acompañadas de un certificado de eficiencia energética (como esas pegatinas con barras de colores que hay en las lavadoras) que informarán sobre el consumo de energía que requiere cada piso (la letra A indica poco derroche energético y la G se reserva para las viviendas menos eficientes y que emiten más CO2). Así, cuando el comprador se encuentre con una vivienda tipificada como G (color rojo) tendrá que ser consciente de que se trata de una casa que, seguramente, le supondrá un importante gasto en calefacción por estar, por ejemplo, mal aislada o presentar un alto riesgo de humedades. La Organización de Consumidores y Usuarios, para un piso medio de 80metros cuadrados en Valladolid, calcula una diferencia de hasta 779 euros al año en gasto de agua, luz y calefacción. Un ahorro de hasta el 70%.

La previsión era que este certificado (ya aplicable en vivienda nueva) pudiera ser exigible en algunos casos desde abril (obligatorio para todos antes de cinco años), aunque el retraso del Consejo de Ministros en su aprobación hace difícil fijar una fecha. Será el propietario de un edificio (o parte de este) que quiera venderlo o alquilarlo quien tenga que pagar por la certificación (se analizará orientación, aislamiento, calidad de puertas y ventanas, tipo de calefacción...). ¿Cuánto costará este certificado, que emitirán técnicos específicos? Al no estar aún en vigor no hay cifras, aunque en Italia, por ejemplo, cuesta 250 euros (en un piso de 100 metros cuadrados), explican desde laOCU.Tendrá 10 años de validez.