Varias acciones ciudadanas buscan en las últimas semanas reducir la factura energética de los hogares españoles

Con la liberalización del mercado llegaba la competencia entre las empresas y la bajada de tarifas para los usuarios. Pero no parece esa la percepción que tienen los ciudadanos en sus bolsillos, que comienzan a unirse para hacer converger teoría de mercado y realidad presupuestaria familiar. Decir que estamos ante una revolución energética sería exagerado, pero es indudable que los consumidores parecen haber encontrado el interruptor y comienzan a encenderlo para obtener su cuota de ventajas del mercado libre o para poner el foco sobre situaciones que pasan desapercibidas, cuando no deberían.

El primer aviso lo dio hace un año un informe titulado «Pobreza energética en España», un estudio elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales y desarrollado en el marco del proyecto REPEX, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación, resume perfectamente un concepto del que no hemos oído hablar mucho en nuestro país, pese a que ya en 2010 un 10 % de los hogares españoles lo sufría. «La pobreza energética es la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud, de 18 a 20º C en invierno y 25º C en verano. Y no hacerlo tiene consecuencias para la salud que van más allá del confort». De hecho, una de las conclusiones del estudio es que «entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras de personas de edad avanzada podrían evitarse si se erradicase la pobreza energética».

No ha sido este el único movimiento energético ciudadano. El pasado día 17, tuvo lugar en España una subasta de energía eléctrica muy especial, en la que una pequeña comercializadora, Holaluz.com, resultaba vencedora y ofrecía a los integrantes de la iniciativa QuieroPagarMenosLuz, promovida por la OCU, un ahorro de casi 50 euros anuales, o de 25 para aquellos que tuviesen contratada la Tarifa de Último Recurso. Puede que no mucho en euros, pero sí en términos –casi medio millón de personas se unieron para la puja– de movilización de usuarios.