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Los pisos con certificado energético no llegan al 10% pese a ser obligatorio

17/07/2013

Un mes después de su entrada en vigor, la cifra de inmuebles a la venta o en alquiler que cumplen la normativa es anecdótica

Un mes después, el incumplimiento es la respuesta general a la obligación de contar con un certificado de eficiencia energética para todos aquellos inmuebles que estén a la venta o en alquiler. Una obligación normativa establecida por laUnión Europea y que la legislación española incorporó mediante un decreto que entró en vigor el pasado 1 de junio. A partir de ese momento, todos los pisos (o edificios enteros) que estuvieran anunciados para venta o alquiler debían contar con esa certificación, que califica cada piso con una valoración de la A a la G en función de hasta qué punto es eficiente o ineficiente a nivel energético.

Cabe insistir en que lo que entró en vigor el 1 de junio fue la obligación. No es que comenzase un periodo de adaptación. No. No hay ningún plazo. A partir de aquel mismo día, todos los pisos en la citada situación debían contar con ese certificado, que además tiene que ser inscrito en un registro específico habilitado por la Generalitat a tal efecto.

La realidad, sin embargo, es que en ese registro, que gestiona el Institut Català de l’Energia (ICAEN), a 1 de julio sólo constaban 1.369 certificados de eficiencia energética inscritos en la demarcación de Tarragona. Para saber si son muchos o pocos, sería necesario conocer exactamente cuántos pisos de la demarcación estarían obligados a disponer de ese certificado, algo «imposible de determinar», admite el portavoz del Col·legi d’Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Héctor Guasch.

«No hay forma de saber el número total de pisos de la provincia que están a la venta o en alquiler», añade. Aun así, se atreve con una estimación:«No conocemos la proporción exacta, pero es mínima. Desde luego, estamos seguros de que los inmuebles con certificación energética no superan el 5% o como mucho el 10% de los que estarían obligados a ello», asegura, y matiza:«Hablo a partir de los datos de lo que veo en mi empresa, pero si lo extrapolamos calculo que estaríamos en ese margen».

20.000 pisos en Fotocasa

Una forma rudimentaria y para nada exacta, pero sí orientativa, de hacer el cálculo es visitar algunos portales inmobiliarios para comprobar cuántos inmuebles se ofrecen, en venta o alquiler, dentro de la provincia de Tarragona. Fotocasa, por ejemplo, cuenta con 15.195 pisos en venta y 4.389 más en alquiler en la demarcación, lo que supone un total de 19.584 inmuebles obligados por Ley a contar con certificación energética. Pero a la Generalitat sólo le constan, en la provincia, los citados 1.369.

Claro que la cifra total de pisos que se ofrecen en una web determinada no coincide con el total absoluto:a buen seguro que en esa página hay inmuebles repetidos y otros que, aunque siguen anunciados, hace tiempo que fueron vendidos o arrendados. También es cierto que hay pisos que no se llegan a ofrecer en internet, sino que se limitan a las plataformas tradicionales –carteles en el balcón, agencias inmobiliarias, anuncios clasificados en prensa impresa...–, y otros que, aun anunciándose en la red, lo hacen sólo en algunos portales, y no en todos.

Aun así, aunque la cifra pueda no ser exacta, sí tiene cierto significado orientativo. Y viene a confirmar la impresión que se tiene desde el colegio de APIs:que menos de un 10% de los pisos obligados cuenta con la certificación. En caso de que esos 19.584 fueran los reales, el porcentaje se situaría en un 7%.

 

'Quien se dedica a esto ya se ha puesto en marcha, pero los particulares...'

 

Desde el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, su portavoz, Héctor Guasch, confirma que la instauración del certificado energético está marchando a un ritmo más lento del que la Ley establece:«Los propietarios que tienen varias viviendas y se dedican a esto habitualmente sí están informados y poniéndose en marcha. Pero luego hay muchos particulares que lo van haciendo pero muy poco a poco», reconoce. De igual forma, cuando se formaliza algún contrato, el comprador o arrendatario no están excesivamente informados sobre su derecho a exigir la certificación:«En general, la gente ni lo pide. La Ley lo exige y nosotros advertimos y hacemos constar en el documento que tienen la obligación, pero es algo que depende del propietario». En este sentido, Guasch está convencido de que «costará todavía meses» concienciar de que el certificado es algo irrenunciable, «pero al final será un automatismo». «Sobre todo cuando alguien se encuentre una multa», añade. Algo que de momento aún no ha comenzado. De hecho, aunque la Generalitat no concedió la moratoria que pidieron los API de Tarragona, se espera que al menos sí sea «flexible» a la hora de comenzara sancionar.

 

 

Fuente: diaridetarragona.com (ver noticia)

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