Las edificaciones que se quieran vender o alquilar necesitan una etiqueta que valore su eficiencia

Más de un millón de viviendas en el Archipiélago tienen que gestionar la obtención de su certificado de eficiencia energética para poder ser susceptibles de venta o alquiler. Según las estimaciones de la Asociación canaria de Inmobiliarias, esta es la cifra de inmuebles que, al construirse antes de 2007, no cuentan con ninguna medición oficial que valore su nivel de consumo energético.
"En 2007 se aprobó un Real Decreto por el cual los edificios que se construyeran a partir de ese año tenían que cumplir con unos parámetros de eficiencia energética. Quedaban pendientes de regular todos las construcciones más antiguas", explica José Antonio Marrero, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales.
Sin embargo, según el ingeniero Francisco Espino, esa misma normativa ya incluía a todo el parque inmobiliario de la época. "En realidad no es que se haya producido un cambio en la legislación, sino que al implantar las premisas de la Directiva europea en el ordenamiento jurídico español, el Gobierno central malinterpretó la norma y asumió que podía ampliar el plazo, cuando en teoría no era así, porque es una medida que debería estar en funcionamiento desde 2007", señala Espino.
Malentendidos a un lado, desde el pasado 1 de junio todas las viviendas que se quieran vender o alquilar han de contar con este certificado, también conocido como etiqueta verde. "La eficiencia energética no es mas que el consumo de energía que se estima como el necesario para responder a la demanda de cualquier edificio en condiciones normales de funcionamiento y con una ocupación máxima", comenta Marrero. El fin del certificado es, por tanto, calificar si el consumo de una construcción está en condiciones óptimas o si, por el contrario, se puede mejorar para hacerlo más sostenible.
Esta calificación ha de hacerse por medio de profesionales autorizados tales como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos e ingenieros superiores. "El propietario ha de contratar los servicios de un técnico competente y éste es el que se desplaza al edificio para realizar unas mediciones y analizar los materiales de los que está hecha la construcción", relata Marrero.
Una vez el técnico ha realizado su valoración, ésta se registra en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y a partir de ese momento la vivienda puede promocionarse para su venta o alquiler. "Se analiza la envolvente térmica del edificio y todas las instalaciones térmicas como la calefacción y la refrigeración. En los locales y oficinas se valora también la parte de iluminación", indica Espino.
Para calificar los diferentes resultados que se obtienen tras el estudio de una vivienda los profesionales disponen de una tabla donde la eficiencia se valora de la A a la G, siendo la letra A la de mejor resultado y la que representa a un inmueble con consumo energético nulo y autosuficiente mediante recursos renovables. "Son casas que obtienen su energía a través de la instalación de paneles solares, sistemas eólicos y dispositivos geotérmicos", comenta el ingeniero Francisco Espino.
La media de las edificaciones en el Archipiélago se sitúa entre las letras F y G, lo cual quiere decir que su eficiencia energética deja mucho que desear. "La media de la Península es algo mejor porque allí, por cuestiones de frío, los tabiques tienen aislamiento y la envolvente térmica del edificio también es más aislada que en Canarias", apunta Espino. La tipología constructiva en las Islas se basa, por el contrario, en bloques y ventanas de madera con cristales simples. Esto provoca que toda radiación térmica del exterior se introduzca dentro de la vivienda y obligue a consumir más refrigeración.
Aunque la tramitación del certificado de sostenibilidad energética no tiene un precio determinado, su coste medio por vivienda está entre los 250 y los 300 euros. El tiempo que llevar realizar este proceso es de, aproximadamente, una semana. "En lo que más se tarda es en el desplazamiento y en la recogida de datos, así que la agilidad depende también de la experiencia del que elabora el informe".
Existen algunas construcciones que constituyen una excepción a la hora de requerir esta etiqueta. Se trata de los edificios históricos y emblemáticos, así como los destinados al culto religioso o a desarrollar un proceso productivo industrial o agrícola. No ocurre lo mismo con las instalaciones de la Administración, pues la normativa obliga a emitir el certificado a todas las oficinas y edificios públicos que tengan una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados habitualmente por público "para que cunda el ejemplo".
En el caso de un incumplimiento, la legislación contempla sanciones que pueden regirse por la vía del consumo o por la de la economía sostenible. "Por la vía administrativa, las multas pueden ser leves, graves o muy graves y tienen unas cuantías que van desde los 300 a los 6.000 euros. Si la denuncia viene por la vía de consumo, la sanción está entre los 3.000 y los 600.000 euros", puntualiza Espino.

 

Fuente: laopinion.es (ver noticia)